Por Clara Vernet - http://www.prensamercosur.com.ar/apm/nota_completa.php?idnota=4676
La nueva legislación es de lo más progresista del mundo. Consagara la igualdad de trato a los inmigrantes; acceso a servicios sociales, a los bienes públicos, la salud, la educación, la justicia, el trabajo, la seguridad social y el derecho a la información.
En 1992 Juan Carlos De la Torre, ciudadano uruguayo residente en Argentina, fue detenido y deportado sin orden judicial e intimado a abandonar el país después de 24 años de residencia. Esa arbitrariedad fue posible al amparo de la Ley Nacional de Migración, conocida también como “Ley Videla”, sancionada durante la última dictadura militar bajo la lógica de la "Doctrina de la Seguridad Nacional".
En 1999 el caso De la Torre fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se convirtió en bandera de la lucha por la obtención de una ley de la democracia.
El pasado 3 de Mayo, la presidenta Cristina Fernández firmó el decreto reglamentario de la nueva Ley Nacional de Migracionescerrando un ciclo que comenzó con la presentación del proyecto de ley ante el Congreso Nacional en 2002, a cargo del entonces diputado socialista Rubén Giustiniani, y sancionada a principios de 2004. Tan largo camino como el peregrinaje de miles de mujeres y hombres que llegan a la Argentina en busca de una nueva oportunidad.
Aún antes de constituirnos como nación independiente las políticas migratorias fueron una preocupación para los representantes de la dirigencia nacional. El 4 de septiembre de 1812, Chiclana, Pueyrredón y Rivadavia, integrantes del Triunvirato, firman el primer decreto de fomento de la inmigración: "Siendo la población el principio de la industria y el fundamento de la felicidad de los estados, y conviniendo promoverla en estos países, por todos los medios posibles, ha acordado el gobierno expedir y publicar…” En 1949, otro Decreto estableció esa fecha como el Día del inmigrante. Hoy, cada 4 de septiembre, millones de argentinos desempolvan arcones, fotos, vestidos de colores brillantes y vuelven a danzar las viejas danzas y a cantar en las viejas lenguas familiares.
Este primer acto de gobierno inaugura el mito de Argentina como tierra prometida, de la extensa pampa y la hospitalidad. Bien es sabido que la historia de los hombres late a otro ritmo que la de los decretos gubernamentales, y muchas veces marcha a contra mano. Desde finales del siglo XIX hasta mediados del XX europeos pobres del sur de Europa llegan de a miles al puerto de Buenos Aires. Encontrándose, muchas veces que la tierra prometida era ajena y la hospitalidad del pueblo argentino se replegaba ante la fobia finisecular de los Cané y la ley de residencia.
Avanzando el siglo, hombres y mujeres sudamericanos llegan en colectivo a la Estación de Retiro, en tren a Constitución, corridos por el hambre y atraídos por “la tierra prometida”. Durante los 90, la promesa se llamó “convertibilidad” y la tierra, alguna barriada del populoso conurbano bonaerense.
Lo cierto es que en la actualidad, el 70% de los inmigrantes residentes en Argentina provienen de países de la región, Bolivia, Perú y Paraguay son las colectividades con más presencia. Antes de la sanción de la nueva Ley de Migración, la “ilegalidad” de estas personas era moneda corriente. A partir de programas como Patria Grande, lanzado en abril de 2006 durante el gobierno de Néstor Kirchner, esta situación empezó a revertirse. Este programa permitió en los últimos años regularizar a más de 700 mil personas. Es por eso que la reglamentación de la ley de migraciones cierra un proceso de políticas públicas tendientes a reparar una ausencia imperdonable, un doble discurso donde reinaba por un lado la amplitud de nuestro mito fundante y una ley exclusiva. La presidenta Cristina Fernández en su discurso el 3 de mayo pasado dijo: “Está comprobado históricamente que las políticas restrictivas en materia de inmigración no terminan con la inmigración.”, aplicando leyes restrictivas “no hay menos inmigrantes, hay más ilegales”.
La gran novedad de la ley de migraciones es que pone el eje en el derecho de los inmigrantes. Derecho a la inmigración; a la igualdad de trato; al acceso, no discriminatorio, del inmigrante y su familia, a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social y derecho a la información. Estos principios establecidos en los articulados de la ley ponen a la Argentina en la vanguardia de medidas progresistas y de respeto a los derechos humanos en la materia. Martín Arias Duval, Director Nacional de Migraciones, se refirió al respecto: “El espíritu de la ley 25.871 radica en que ningún ser humano es ilegal y establece la migración dentro de las normas de derechos humanos.”
El decreto reglamentario 616 se presenta en un marco internacional donde las políticas migratorias adoptadas por los países hegemónicos en medio de las consecuencias de la crisis que azotó a las economías otrora modelos del neoliberalismo, cierran fronteras y expulsan con la misma receta de siempre. “Cuando uno mira los noticieros en el mundo, o lee la página internacional en los diarios advierte que en los lugares comúnmente denominados más desarrollados, se está produciendo una suerte de regresión a formas xenofóbicas.” dijo la Presidenta e hizo alusión a la ley de Arizona en Estados Unidos y políticas similares adoptadas en Europa.
Los dichos de la presidenta se encolumnaron con la enérgica protesta de los 12 países de la región reunidos ese mismo día en la localidad bonaerense de Campana. No es casual tampoco que el anuncio de la presidenta se produzca en el marco de la conformación definitiva de la UNASUR. Posiblemente, ningún otro momento de la historia desde el albor independentista de comienzos del siglo XIX haya encontrado semejante nivel de integración entre los países sudamericanos. Ojalá, esta vez, la tierra prometida ya no este tan lejos ni ajena.
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