DERECHOS HUMANOS
El juicio a los represores que formaron parte de la Unidad Nº 9 de La Plata marca un nuevo hito en la búsqueda de justicia. Un caso paradigmático en el que no sólo se juzga a 11 miembros de distintos niveles de este estamento, sino también a 3 médicos que formaron parte de la estructura civil que fue clave para el Terrorismo de Estado.
Los juicios a represores que actuaron en los Centros Clandestinos de Detención durante la última dictadura militar, han sido una marca de este tiempo. Pero las instituciones que estuvieron al servicio del Terrorismo de Estado no fueron todas clandestinas y no sólo fueron los entes militares los que formaron parte del aparto represivo. La Policía Federal y las provinciales, así como los distintos servicios penitenciarios, jugaron un rol clave de toda esta estructura siniestra.
Durante mucho tiempo la responsabilidad de estas instituciones - y de algunos civiles vinculados a ellas - quedó velada por la impunidad. Sin embargo, la lucha de los movimientos sociales y la voluntad política del Gobierno Nacional hicieron que a estos sectores también le llegue la hora de responder por su complicidad en el genocidio llevado a cabo en nuestro país.
Desde el 12 de abril y hasta mediados de septiembre, en la ciudad de La Plata, el Tribunal Oral Federal Nº 1 lleva a cabo un juicio por homicidios, torturas y tormentos cometidos contra presos políticos durante la última dictadura militar por 11 ex agentes y 3 médicos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
Los acusados son: Elvio Cosso, miembro de la Jefatura del Servicio Penitenciario; Abel Dupuy, ex jefe del penal; los agentes Isabelino Vega, Víctor Ríos, Catalino Morel, Ramón Fernández, Jorge Peratta, Segundo Basualdo, Valentín Romero, Héctor Acuña, Raúl Rebaynera y los médicos Carlos Domingo Jurio, Enrique Leandro Corsi y Luís Domingo Favole.
Hasta el día de hoy todos estos criminales seguían paseando por las diagonales platenses sintiéndose impunes. Pero la Justicia les indicó que era la hora de responder por sus actos.
Oscar Rodríguez, abogado querellante por parte de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) destacó la importancia de este juicio al afirmar que “la Unidad 9 tiene tres particularidades distintas a los juicios que hemos tenido en La Plata. La primera, es que los juicios anteriores fueron hechos a imputados solitarios, muchos de ellos paradigmáticos como son los casos de Berges, Etchecolatz y Von Wernich; pero en esta ocasión aparece por primera vez el Servicio Penitenciario como objeto de juicio. Una fuerza nueva. Hasta ahora eran militares y policías, ahora es el Servicio Penitenciario es el que aparece”.
“La segunda particularidad – continuó Rodríguez- es que ahora son 14 los imputados, y entre ellos representan a todos los estamentos del organismo, porque van desde la Jefatura del Servicio, pasando por la máxima autoridad de la Unidad 9, hasta los oficiales. La tercera particularidad es que también van a juicio 3 médicos, que si bien pertenecían al Servicio, son parte del cuerpo civil. En este sentido, el caso de la Unidad 9 empieza a debelar esa cuestión de la dictadura y el genocidio que vincula a toda la sociedad con distintos niveles de responsabilidad”.
SPB: UNA PIEZA CLAVE DEL APARATO REPRESIVO
Durante la última dictadura militar la Policía Bonaerense estaba bajo el mando de Ramón Camps y Miguel Etchecolazt, dos de los mayores genocidas de nuestra historia. El denominado Circuito Camps estaba formado por más de 20 Centros Clandestinos de Detención entre ellos el Destacamento de Arana, la Estancia la Armonía, el Pozo de Bafield, el Pozo de Quilmes, La Cacha, la Brigada de Investigaciones, etc.
Durante la última dictadura militar la Policía Bonaerense estaba bajo el mando de Ramón Camps y Miguel Etchecolazt, dos de los mayores genocidas de nuestra historia. El denominado Circuito Camps estaba formado por más de 20 Centros Clandestinos de Detención entre ellos el Destacamento de Arana, la Estancia la Armonía, el Pozo de Bafield, el Pozo de Quilmes, La Cacha, la Brigada de Investigaciones, etc.
En ese contexto el SPB fue un eslabón clave para el funcionamiento de la estructura represiva. Si bien algunas unidades también funcionaban como Centros Clandestinos de Detención (como fue el caso del Hospital de la Unidad Nº 8 de Olmos, que funcionó como maternidad clandestina para las mujeres que estaban secuestradas), por lo general las unidades penitenciarias eran utilizadas por los represores para “blanquear” a los desaparecidos.
El traslado a una unidad penitenciaria podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. En recientes declaraciones periodísticas, uno de los testigos de la causa, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, afirmó: “Nunca pensé en mi vida que me iba a poner tan contento si me llevaban a una prisión, pero en este caso significaba que me iban a legalizar y que me salvaría de ser un desaparecido más”.
Entre los ex presos políticos que estuvieron detenidos en la Unidad 9, que declararon como testigos y víctimas estuvieron: el ex canciller, Jorge Taiana; el secretario general de ATE y CTA de la provincia de Buenos Aires, Hugo “Cachorro” Godoy y el actual intendente de Quilmes, Francisco “El Barba” Gutiérrez.
Varias de la víctimas y sus familiares fueron amenazados durante el juicio para que no prestaran testimonio. Este hecho tiene sumamente preocupados a los organismos querellantes. El abogado de la APDH señaló al respecto que “Esto es muy preocupante porque demuestra que están contando con algún servicio para hacer inteligencia sobre las víctimas y quienes los rodean (familiares, abogados, etc.). Esto demuestra que el aparato represivo cuenta todavía con posibilidades operativas”.
LOS HECHOS
Además de ser juzgados por las torturas y los vejámenes que les inflingieron a los presos políticos, los miembros del SPB están acusados por los crímenes de los militantes Dardo Cabo, Rufino Pirles, Horacio Rapaport, Juan Deghi, Ángel Georgiavis y Alberto Pinto.
Además de ser juzgados por las torturas y los vejámenes que les inflingieron a los presos políticos, los miembros del SPB están acusados por los crímenes de los militantes Dardo Cabo, Rufino Pirles, Horacio Rapaport, Juan Deghi, Ángel Georgiavis y Alberto Pinto.
En enero de 1977 Cabo y Pirles fueron sacados del penal con la excusa de que iban a ser trasladados a Sierra Chica y el en trayecto fueron acribillados, los efectivos argumentaron un intento de fuga una escusa clásica usada por los represores para asesinar a detenidos que estaban blanqueados.
En el caso de Rapaport y Georgiavis, los asesinos intentaron disfrazar los crímenes como suicidios, pero los familiares pudieron constatar que por lo menos Georgiavis había sido degollado con una bayoneta.
El asesinato de Deghi se produjo el mismo día de su liberación, el 20 de marzo de 1978. Según señalan los testigos cuando la esposa de Deghi, Elisa Falchi, fue a buscarlo al penal el día de su liberación los guardias le habrían dicho: “¿usted es la viuda de Deghi?”, lo que demostraría que los guardias sabían lo que sucedería horas más tarde.
En la Unidad Nº 9 estaban detenidos presos de todas partes del país. Militantes de Santiago del Estero, Córdoba, Mendoza, Zárate, y muchos otros lugares más. Lo que según señala Rodríguez revela que la Unidad 9 se había transformado en un centro de detención de presos políticos.
Uno de estos casos es el de Alberto Pinto, que era un militante de base que fue trasladado desde Córdoba y por el cual están siendo juzgados los médicos. “Pinto tenía epilepsia de último grado, lo que le había producido un desgaste físico y cerebral notable. En esas condiciones, sabiendo el Servicio Penitenciario y los médicos que tenía ese problema, lo llevan a celda de aislamiento. La Cámara ya ha dicho que el sólo hecho de llevar a alguien a celda de aislamiento implica torturas, por las condiciones que tenían lugares. A Pinto lo mandaron a celda aislamiento declarando que estaba apto para ir. Además, como era de rutina, antes de ir a la celda de aislamiento había sido severamente golpeado lo que le había producido una perforación en el intestino. Dentro de la celda llega un momento que se dan cuenta que estaba al borde de la muerte y, como el Servicio Penitenciario no podía atenderlo, lo derivaron al San Juan de Dios donde finalmente murió. Todos estos vejámenes fueron realizados con la connivencia de los médicos. Así que ya sea por omisión o por comisión, son autores de torturas seguidas de muerte”, remarcó Rodríguez.
El abogado de la APDH se encargó de subrayar la importancia de la participación todas las personas en las audiencias: “No estamos sólo buscando condena. En estos juicios se revela cómo funcionó gran parte de la sociedad, cierta clase política, cómo funcionó el Poder Judicial y, en cierta manera, cómo sigue funcionando.
Todo esto es una gran pedagogía histórica. Por eso la sociedad tiene que ir a los juicios. Ahí están los actores y las víctimas de carne y hueso. Los juicios son en si mismos otra pedagogía”.
Las audiencias contra los 14 miembros del SPB se llevan adelante en la ex sede de la AMIA de La Plata ubicada en calle 4 entre 51 y 53 los días lunes y martes desde la 10 de la mañana y para asistir sólo es necesario presentar el documento de identidad.
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