Por Oscar Rodríguez (*) - http://www.revista2010.com.ar/noticia.php?id=110
La sentencia a los responsables de los crímenes cometidos en la U9 de La Plata desnuda el profundo entramado que constituyó la dictadura cívico-militar e interpela a toda la sociedad y a la institución judicial en particular sobre su responsabilidad en el genocidios cometido en nuestro país.
Juzgar y condenar a todos los imputados en la causa que dirime los hechos ocurridos en la Unidad Penitenciaria Nº 9 de La Plata en los años 1976-1983, constituye un parámetro del nivel de conciencia social y jurídica en la Argentina.
En efecto, nunca como en ésta causa, emergieron distintos “inconvenientes”, “razones”, complejidades, distintas situaciones que merecían un tratamiento diferenciado y que plantearon algunos interrogantes. En fin, se empezaron a visualizar cuestiones que no habían aparecido en las causas anteriores donde las acusaciones caían sobre los imputados de manera insoslayable, prístina, con presencia de absoluta necesidad. En ésta causa ya no se juzgaba a figuras prominentes o paradigmáticas de la represión ilegal, se trataba de los últimos eslabones de la cadena que conformó el plan sistemático de exterminio a la par que se trató la situación del personal médico de la Unidad, con los que la sociedad civil se emparenta más. Tal situación torna más revulsiva la decisión de juzgar, de condenar y de imponer penas.
Por eso decimos que, para llevar adelante este proceso, fue necesario contar con un silencioso, pero operante, nivel elevado de conciencia social y política.
Esas razones hacen que afirmemos que también se trata de una interpelación a la cultura jurídica, cuyo primer gran quiebre lo constituyó la decisión de juzgar a las tres juntas militares dando fin, de tal manera, a toda una historia de perdones y continuidades a través de la denominada “doctrina de facto” pero que, en términos generales, se había preparado principalmente y casi exclusivamente para aceptar las condenas por transgresiones individuales de delitos comunes y en franca referencia a los sectores humildes. Se ha impuesto ahora un cuestionamiento a la total maquinaria de represión. Hacia arriba –las tres Juntas Militares, el Plan Cóndor, Martínez de Hoz y las causa económicas-; hacia abajo –el personal penitenciario y policial-; hacia los costados –el personal médicos, los jueces y fiscales-. En efecto, se desnuda así el profundo entramado que constituyó la dictadura cívico-militar.
A su vez, las prácticas jurídicas que la cultura jurídica pergeñaba o sostenía, se han visto también, como lógica consecuencia, interpeladas, objetadas. Todo el instrumental jurídico enderezado a la impunidad se ha venido revirtiendo erigiéndose nuevos instrumentos de investigación, nuevas concepciones probatorias y un material conceptual, teórico ,enderezado a satisfacer el ideal de justicia igualitaria que ha sido reconocido por la jurisprudencia nacional e internacional.
Hay una moral que ha venido sosteniendo este proceso. Se trata de una moral que ha tomado conciencia de sí misma y que se ha erigido en una especie de conciencia de lucha. De allí los derechos alcanzados mediante la exposición de lo más preciado que es la vida de las personas en confrontación directa con los poderes.
Esa fuerza de la moral como herramienta de lucha, como instrumento objetor reside, no en su simple enunciación, sino en su manifestación alejada de losescenarios de poder, cuya palabra encuentra apoyatura en las vidas más sencillas. De allí la confiabilidad en su promesa. Prometer significa responder por sí mismo en el futuro.
Han sido los organismos de derechos humanos quienes asumieron en Argentina la responsabilidad histórica de la promesa de justicia y no la han resignado. Han poseído esa voluntad larga e inquebrantable capaz de estar a la altura del dolor provocado y conducirla hacia un destino de justicia. Han perseguido lo justo y necesario, a veces, ayudados por la ola favorable de la historia, y resistiendo cuando la impunidad pretendió enseñorearse por sobre el reclamo de justicia. Han tenido la audacia de tomar sobre sí ese fin grande de soportar aquella tensión entre desmemoria y memoria, incluso contra las opiniones que antes y ahora se alzan cada tanto, persuadidos de que finalmente esta lucha integrará la historia de la épica nacional contra la impunidad.
También ha marcado un hito más, en el camino de profundización de aquella originaria decisión política de juzgar que nació en 1983, que fuera interrumpida por las leyes de perdón para ser retomada y ampliada en el presente, lo que desnuda otra realidad: la lucha de los organismos ha sido el factor constante, pero necesitó para su realización efectiva la viabilidad política que se dio en tres oportunidades históricas a través de los gobiernos de Raúl Alfonsín, Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
Por último, la sentencia de Unidad 9 es una sentencia de condena del pasado y del presente. Se condenó los hechos de la dictadura y la permanencia actual de condiciones de detención que constituyen tortura para los internos de hoy.
Se desbarata así, la impugnación que se intenta de éstos juicios. Ha operado la unión entre pasado y presente. Han quedado interpelados también los tiempos que corren.
(*) Abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
No hay comentarios.:
Publicar un comentario