jueves, 27 de septiembre de 2012

Cacerolas en barrio norte: La iracundia de los egoístas

Oscar Gonzalez - http://www.infonews.com/2012/09/27/politica-40381-la-iracundia-de-los-egoistas.php 

El país soporta una dictadura, las libertades individuales están siendo avasalladas, se obliga a callar a quienes piensan distinto, la vida privada de las personas ha sido invadida por el Estado y el régimen político vigente se parece cada vez más a una monarquía absoluta. Es increíble que todo esto tenga alguna verosimilitud para alguien. Pero si se presta atención al discurso que a diario construye la prensa de negocios y que reprodujeron algunos enojados que hace unos días batieron cacerolas, habría dos países: uno real, en el que se reprime y se confisca la propiedad privada, y otro, de mentiras, en el que vive una inmensa mayoría de incautos, víctimas del engaño y la manipulación, que han votado a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Alrededor de esta producción de sentido se está erigiendo un siniestro muro de odio e intolerancia que se emparienta más con el “viva la muerte” del falangista español José Millán Astray que con el debate democrático. Es probable que no todos los quejosos compartan esta y otras consignas igualmente abyectas; quizás entre quienes rechazaron la convocatoria haya algunos críticos del gobierno. Es que la sociedad argentina es más plural y múltiple que las simplificaciones de esa buscada polarización, y de lo que se trata es de que el disenso, por enconado que fuere, no lleve al desprecio y la desvalorización hacia las mayorías que se sienten contenidas y beneficiadas por las políticas de este gobierno.

En la cobertura periodística de las protestas se mostró una escena que se reiteró con varios manifestantes: preguntados cómo y con qué fuerza –policial, de gendarmería, etc.− el gobierno reprime, la respuesta fue que lo hace con… ¡¡la AFIP!! De modo que el ente estatal recaudador sería el instrumento de que se vale el gobierno para perseguir opositores. Por disparatada que suene, la interpretación fue instalada por los diarios de negocios, que imaginan el empeño oficial en detectar evasores –y no precisamente a los más pequeños− como una suerte de venganza contra los que critican al gobierno. La prensa insidiosa intenta así deslegitimar el cobro de impuestos a los que más tienen, una tarea que consideran persecutoria, del mismo modo que considera un ataque a las inversiones privadas la recuperación de YPF y, antes, la recuperación del sistema previsional.

Igualmente, se aduce que la regulación en la compra de dólares, implementada cuando la economía mundial se derrumba, es un abuso de poder, siendo que se trata del ejercicio de una atribución absolutamente legítima de cualquier país del mundo que protege sus reservas.

Otra declaración pública que registraron las cámaras fue la del manifestante que pedía ayuda exterior, “porque nosotros somos amigos de los EE UU y porque es un país líder en el mundo”. Mejor no conjeturar qué tipo de ayuda esperaba recibir el entrevistado que, de paso, parecía ignorar que aquel país, como todas las potencias capitalistas, considera la evasión impositiva un delito grave, que se castiga con prisión y al que persiguen tenazmente y escudriñando sin piedad las propiedades y negocios de los particulares.

Guillermo O'Donnell, que en sus últimos años fue opositor al gobierno, afirmaba que la mayor fuente de inestabilidad de la democracia en la Argentina era la mezquindad de sus clases dominantes para aceptar un mejor y más equitativo reparto de la renta nacional. Los recursos naturales y humanos que posee el país tornaban inexplicable a los ojos del mundo los golpes de Estado, las dictaduras militares y la inequidad y la pobreza. Pero la observación de O’Donnell no es para nada novedosa si se la refiere, también, al resto de América Latina: los golpes militares que han asolado la región tienen ese origen común. Y los gobiernos populares y reformistas surgidos en los últimos años sufren, de una manera u otra, el asedio de quienes se niegan a ceder un solo privilegio.

La resistencia feroz a pagar impuestos muestra el elevado grado de egoísmo social de estos sectores y la arraigada convicción de que el Estado debe ser un instrumento a su servicio. Así ha sido durante muchos años, mientras que en la base de la pirámide social los impuestos al consumo son una obligación ineludible para la inmensa mayoría. De modo que el proyecto que subyace en quienes le quitan todo valor a las políticas redistributivas, incluso como palanca de la economía, es el de un Estado y un país empobrecidos con islas de riqueza antagónicas con las políticas de solidaridad e inclusión.

Algunos de los dirigentes opositores que se sienten interpelados por las protestas y que sueñan con encabezarlas son portadores, precisamente, de ese proyecto de país; otros, con tradiciones políticas diversas, tendrán que decidir si la caza del voto justifica la enajenación de principios o confrontan desde una programática propia. Para quienes defendemos el proyecto nacional en marcha y su profundización, hay una enorme tarea pedagógica y política que comienza por extender en la sociedad la convicción de que todos, y de manera equitativa, debemos contribuir a construir un país más igualitario, más humano, donde la libertad no esté coartada por la pobreza y la exclusión de los bienes materiales y simbólicos que hacen a la condición de ciudadanía.

jueves, 20 de septiembre de 2012

Argentina: el secreto del odio

LUIGI LOVECCHIO.* - www.losbuenosvecinos.com.ar

El odio hacia la presidenta de la Argentina —o hacia Chávez o cualquier presidente que conduzca una  política de carácter nacional y popular— tiene un secreto cuando es publicado en los medios periodísticos:  es el comportamiento de quienes reciben las informaciones. Los editores saben de eso y lo guardan bajo siete llaves; aunque  ese  secreto no elimina los hechos, que conviven a la vista de quienes saben verlo.

Lo conocen bien los varios Magnetto, Mitre, Fontevecchia y demás directores a sueldo que pueblan las redacciones de todos los medios de comunicación del mundo sintonizados sobre la misma línea editorial.

Las columnas de Jorge Fontevecchia pueden ser un ejemplo: en sus escritos el CEO de editorial Perfil camina al borde de la verdad, pero desviando la mirada en el último tramo hacia la conveniencia de los intereses personales. Sus dos últimas columnas no han sido la excepción al ignorar que la mayoría de los caceroleros reclaman a la presidenta medidas absurdas y pocos claras —aparte de abundante insultos  groseros.

Reclaman por la inseguridad y se olvidan que la Argentina es uno de los tres países más seguros de la  región, incluyendo Estados Unidos. Tal vez sólo algunos saben que también es uno de los países con menor pobreza[1]; la segunda después de Canadá, y lleva la delantera en la relación entre sueldos y poder adquisitivo, comparando con los sueldos de todos los países de América Latina. 


Eliminando estos tres ejes de la protesta, sólo quedan, como tema de los caceroleros, la corrupción, el asunto dólar y el odio injustificado.

La corrupción se puede demostrar que no lo es. Este es el gobierno que más dinero público ha empleado en activar la economía, en acumular reservas, en satisfacer asistencia social, en pagar jubilaciones, en incluir más de dos millones de nuevos jubilados, en la asignación universal por hijos, en subsidiar las  tarifas de los servicio público como el gas, la electricidad, el transporte, en pagar las deuda externa tildada de incobrable por los anteriores gobiernos.

Al ver tantos logros acertados, viene uno a preguntarse dónde iba a parar tanto dinero que ahora alcanza  para pagar todas las obligaciones (sociales o no) que antes se descuidaban. Aumentó el PBI, aumentaron los recursos, es verdad, mismo así antes había crisis y el dinero apenas alcanzaba para hacer funcionar al  país de manera muy reducida, y el país ofrecía el triste espectáculo de la pobreza exagerada.

Pero… ¿por qué el odio?

Al descorrer el telón y mirar con ojo imparcial y crítico el escenario de los medios de comunicación argentinos se descubre gran parte de la verdad. El odio a Cristina, las mentiras sobre pobreza e inseguridad se fomentó desde el primer día de aparición en el escenario político de los Kirchner y se ha ido sedimentando sutilmente  y sin pausas en el ánimo de quienes no tienen capacidad de análisis o viven distraídos y toman un mundo prestado o tienen intereses bien marcados con una política neoliberal y no aprueban, por distintas razones, las medidas económicas del gobierno.

Los medios de comunicación de la región están planificados para hacer creer a sus seguidores que el pensamiento brotó de su cerebro y la idea subsiguiente es que este pensamiento hace parte de su misma personalidad, le pertenece, porque olvida con el tiempo la lectura anterior o en qué medio leyó la información. En la prensa de la región abundan los meta-mensajes, de apariencia ingenua, que luego surten el efecto de una germinación agigantada en el ánimo de las personas. Obedeciendo a esa manera de comunicar, un simple delito pasa a ser una tragedia que se repite y repite.

Esta comunicación veraz, pero mentirosa en la dimensión de la ética comunicacional crea en el espectador un transfondo psicológico que lo prepara para recibir la impresión que en su país cunde la inseguridad. En el diario la Nación, Santiago Kovadloff, titula su columna: “Lo que la gente puso en  marcha”, aludiendo como  “gente” a los caceroleros. Luego añade en cursiva: “Pidió ser gobernada y no sometida. Más aún: dejó bien claro que no se dejará someter”. ¿Quién quiere someter a quién?, estimado Kovadloff.

Nadie somete a quienes piensan diferente aún cuando, quienes baten cacerolas, usan métodos de prepotencia dictatorial para imponer criterios casi extravagantes. El mensaje de Kovadloff deja implícito que el gobierno somete a  quienes no piensan igual —y de ahí el meta-mensaje malicioso que descansará en el pensamiento de más de uno de una manera tranquila e inofensiva.

Sin embargo quien leyó este título de La Nación no sabe que cayó en una trampa, que está asimilando una información que se grabará en su subconsciente de manera involuntaria cargando una mochila que un día despertará como  una idea propia. A este tipo de recado, el mismo lector, unirá  otros meta-mensajes que recibirá en tiempos diferentes; estos se sedimentarán como herencias activas, como haciendo parte de una memoria propia. Se recordarán todos juntos cuando ya está maduro el momento de la protesta. Momento que los mismos medios deciden con sutilezas en la manera de comunicar.

Las conclusiones son que nadie recuerda (o si lo recuerda no importa) que la Argentina es uno de los tres países más seguros de la región, tampoco importa si la pobreza es la menor y menos aún, que los sueldos de los argentinos son los mejores en poder adquisitivo y que este gobierno no gerencia la corrupción. No importa nada, aún cuando un empresario, CEO de Techint (Paolo Rocca), dice que los  sueldos de los operarios locales duplican a los mexicanos y casi triplican a los brasileños y que la Argentina es récord en poder adquisitivo.

Se podría seguir con los meta-mensajes hasta al infinito, como el de Perfil.com que dice: “El riesgo de  Cristina: ganar o perder todo”; o “El Gobierno usó Fútbol para Todos para descalificar los cacerolazos”, de La Nación.

Cada día aparecen mensaje demoledores que se acumulan de manera silenciosa en el ánimo de la gente, y ahí quedan, en estado embrionario hasta el momento de actuar. Cuando llega ese momento, la gente salta como un resorte cuando de manera casi invisible recibe la orden. Parece un cuento imposible pero  este es el grado de sofisticación de las comunicaciones actuales. Crear una cultura de las mentiras al volverlas creíbles.
Si hubiese una necesidad real como lo manifiestan los mensajes comunicacionales, el gobierno habría caído desde hace tiempo.

Me enoja la estupidez, pero con ella tenemos que convivir. Estúpidos son los diarios que escriben imprecisiones y los noticieros que dan informaciones malintencionadas. No es posible que se llamen “periodistas” quienes con toda intención y deslealtad escriben patrañas para fomentar el odio y sacar  provecho de la situación.

Ayer en una plaza de San Telmo tuve la oportunidad de hablar con una  pareja de  venezolanos; él tenia aspecto de ser un empleado de alguna multinacional, ella su esposa. Me comentaba que había oído a Aníbal Fernández hablar con mucho desprecio de la protesta en la Plaza de Mayo. Suspiré y le dije:
“Es una lucha desigual, los medios de comunicación mienten y deforman las informaciones, fomentando el odio entre argentinos. La libertad de prensa no autoriza las mentiras”.

Y añadí:
“El problema de la región es que fuertes intereses empresariales foráneos les interesa mantener el predominio de una política global en vez de una regional que permita el desarrollo del mercado interno. Esos monstruos gigantescos de los negocios compran todos los medios de comunicación de manera tal que los dueños de las empresas son apenas gerentes administradores de sus voluntades”.

La pareja esperaba un auto que llegó. Partieron de la plaza felicitando el encuentro. Pero yo continué mentalmente:
“El verdadero enemigo no es Magnetto ni Mitre, ni Fontevecchia, el verdadero enemigo son los poderosos intereses que descansan al norte e inquietan a la región para intentar desestabilizar sus políticas nacionales y populares por medio de las comunicaciones obligadas en llevar adelante la tarea.
“La Vuelta  de Obligado siempre es actual en este lado del mundo”.
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1] Estadísticas Banco Mundial: http://www.bancomundial.org/es/country/argentina

Notas relacionadas:
En diario Perfil

En mismo medio.
——
* Periodista.

domingo, 16 de septiembre de 2012

Argentina: Álbum de fotos de la Marcha "espontanea" de odio y cacerola paqueta

Jorge P. Colmán / APCS - http://www.matrizur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=23386:argentina-album-de-fotos-de-la-marcha-qespontaneaq-de-odio-y-cacerola-paqueta-&catid=39:argentina&Itemid=59 

La historia cuenta que el 17 de octubre de 1945 la Plaza de Mayo se llenó con enormes columnas de trabajadores que llegaban mayoritariamente desde los arrabales del sur. Cipriano Reyes relató que los trabajadores de los frigoríficos se movilizaron como pudieron y a pesar de los obstáculos que el poder les puso en el camino. Los comunistas veían en esos morochos rostros a los "Sans Culotte" criollos y los llamaron "descamisados", y la oligarquía se horrorizó cuando estos pusieron "las patas en la fuente". Se movilizaron por la defensa de sus derechos y el amor a Perón que se hallaba preso en la Isla Martín García. 

Ayer la derecha tuvo su Plaza de Mayo, la contracara del 17 de octubre obrero y peronista. Vinieron mayoritariamente desde la coqueta zona norte de la ciudad, llegaron en sus autos y se estacionaron cómodamente, para luego marchar. Vinieron con sus carteles, pero los organizadores repartieron banderas celestes y blancas. No pisaron los canteritos, ni el césped, como tampoco pusieron "los pies en la fuente". Los movía el odio hacia los pobres, su antiperonismo visceral (devenido en Kirchnerismo) y el miedo a la pérdida de sus privilegios.
Nazi

martes, 11 de septiembre de 2012

LA POBREZA COMO VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

POR ROBERTO BISSIO - http://www.cronicon.net/paginas/edicanter/Ediciones76/nota08.htm

Pob
Antes de firmar tratados internacionales de comercio o de inversión o de diseñar políticas fiscales, los gobiernos deben asegurar la coherencia de estas políticas con sus obligaciones de derechos humanos y evitar medidas "que creen, mantengan o aumenten la pobreza, internamente o fuera del propio territorio". Esto es necesario para conciliar la normativa internacional de derechos humanos con la realidad de pobreza en que vive la mayor parte de la población mundial.

Aunque éste y otros puntos -como la reafirmación del derecho al agua- son potencialmente controvertidos, la abogada chilena Magdalena Sepúlveda Carmona, relatora especial sobre la extrema pobreza de las Naciones Unidas, estampó la palabra "final" sobre el proyecto que acaba de enviar a los gobiernos para establecer "principios rectores sobre la extrema pobreza y los derechos humanos". Sepúlveda cree que habrá consenso y que el Consejo de Derechos Humanos aprobará en setiembre este conciso documento de veinticinco páginas donde resume ocho principios y cuatro requisitos para garantizar catorce derechos específicos de las personas que viven en la pobreza.

El documento está concebido como orientador de las políticas públicas, y, por lo tanto, dirigido a los gobiernos nacionales que deciden sobre ellas, pero también contiene secciones sobre las obligaciones de las grandes empresas trasnacionales.

Culmina así un largo proceso, iniciado en 2001, cuando la entonces Comisión (hoy Consejo) de Derechos Humanos encomendó a la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos que definiera cómo aplicar las normas de derechos a la lucha contra la pobreza, que las Naciones Unidas consideran prioridad universal.

El Banco Mundial tiene una definición monetaria de la pobreza y ha establecido la frontera en los ingresos inferiores a un dólar por día (ahora ajustados a un dólar y cuarto). Según el enfoque de derechos humanos, en cambio, la pobreza es "una condición humana que se caracteriza por la privación continua o crónica de los recursos, la capacidad, las opciones, la seguridad y el poder".

La pobreza, dice el preámbulo de los "principios" a los que Sepúlveda ha dado forma definitiva, es "a la vez causa y consecuencia de violaciones de los derechos humanos". Los pobres "sufren muchas privaciones que se relacionan entre sí y se refuerzan mutuamente -como las condiciones de trabajo peligrosas, la insalubridad de la vivienda, la falta de alimentos nutritivos, el acceso desigual a la justicia, la falta de poder político y el limitado acceso a la atención de salud-, que les impiden hacer realidad sus derechos y perpetúan su pobreza".

De ahí que el primer principio que se postula es el de la dignidad humana, junto a "la indivisibilidad, relación mutua e interdependencia de los derechos humanos". Los restantes principios son la igualdad contra toda discriminación, que "incluye el derecho de ser protegidos contra el estigma negativo asociado a la situación de pobreza", la igualdad entre hombres y mujeres, los derechos del niño, la capacidad de actuación y autonomía de las personas que viven en pobreza, la participación y empoderamiento, la trasparencia y acceso a la información y la rendición de cuentas.

Basados en estos principios, los Estados deben adoptar estrategias nacionales para reducir la pobreza y lograr la integración social, con puntos de referencia y plazos claros y planes de acción bien definidos. Las políticas públicas deben dar "debida prioridad" a los pobres y las "instalaciones, bienes y servicios necesarios para el disfrute de los derechos humanos" deben ser "accesibles, adaptables, asequibles y de buena calidad".

Si bien todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales se aplican a los pobres, el documento ofrece una lista de "algunos derechos específicos cuyo disfrute por quienes viven en la pobreza es particularmente limitado o está especialmente menoscabado, y respecto de los cuales los Estados tienen con frecuencia políticas inadecuadas o contraproducentes". Entre éstos se cuentan el derecho al agua y el saneamiento, la alimentación, la salud y la educación, la vivienda, al trabajo y la seguridad social, entre otros esenciales para la dignidad, como el derecho a tener documentos de identidad.

Los Estados tienen la obligación ya mencionada de ser coherentes, solicitar asistencia internacional cuando sus esfuerzos no sean suficientes y asistir si están en condiciones de hacerlo, rindiendo cuenta de sus intervenciones.

"En un mundo caracterizado por un nivel sin precedentes de desarrollo económico, medios tecnológicos y recursos financieros, es un escándalo moral que millones de personas vivan en la extrema pobreza", dice el prefacio del documento. Cuando se lo apruebe, erradicar la pobreza extrema ya no será solo un deber moral, sino también una obligación jurídica.


Red del Tercer Mundo, septiembre de 2012.

 

 

lunes, 10 de septiembre de 2012

El mito del modelo de la India

Por Suranjana Nabar-Bhaduri *- http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-203012-2012-09-10.html 

India es presentada como ejemplo de una estrategia alternativa de desarrollo donde el crecimiento económico en las primeras etapas está conducido por el sector de servicios antes que impulsado por la actividad manufacturera. La prensa internacional ha destacado el ejemplar desempeño económico, proyectando al país como una de las economías de mercado emergentes que se apoderarán de la economía mundial. Como es esperable en un proceso de desarrollo, el peso del sector agrícola en el PIB disminuyó a lo largo del tiempo. Sin embargo, el sector industrial no ha evidenciado un alza significativa en su participación. Por el contrario, los servicios emergieron como el factor que más contribuyó al crecimiento económico de India, especialmente desde los años ’90. La evidencia sugiere que, entre 1993 y 2007, más del 60 por ciento del crecimiento del PIB indio estuvo impulsado por el sector servicios. El creciente peso de esas actividades es parcialmente el resultado de un aumento meteórico de la exportación de servicios, fundamentalmente software y la tercerización de servicios de información y servicio técnico. Este desempeño estuvo directamente asociado con el proceso de relocalización productiva en el mundo desarrollado y la capacidad de India para suministrar trabajadores de habla inglesa a salarios relativamente bajos. La balanza comercial y la cuenta corriente india muestran déficit persistentes y depende de las divisas provenientes de las exportaciones de servicios, las remesas y el ingreso de capitales financieros para sostener esa situación.

Cuando se evalúa la capacidad de este modelo de crecimiento para generar un desarrollo sostenible e inclusivo, el escenario está lejos de ser prometedor. La contribución del sector de servicios tercerizados a la creación de empleo ha sido minúscula, dado el tamaño de la fuerza de trabajo india y el hecho de que la mayor parte de esos trabajadores permanecen en áreas rurales y con baja calificación. Mientras que el total de la fuerza de trabajo india llega a los 450 millones, el empleo total en el sector tercerizado de servicios se ubica alrededor de los dos millones de trabajadores. El resto del empleo en el sector servicios corresponde a actividades de autoempleo de baja productividad, sin organización. Sin esfuerzos concretos de política para acelerar el crecimiento y la expansión de la agricultura y la industria, India no puede aprovechar la ventaja demográfica que le otorga una población relativamente joven suministrando empleo productivo para el crecimiento de ambas actividades y lograr que el proceso de crecimiento sea más inclusivo. En igual nivel de importancia se ubica la pregunta sobre cobertura de las necesidades de alimentos, vestimenta, inversión y productos industriales que deben constituir gran parte del consumo antes de alcanzar un nivel de vida lo suficientemente elevado.

Algunos analistas sostienen que los déficit de cuenta corriente y financieros de la India pueden ser financiados y sostenidos con los ingresos de la exportación de servicios, remesas y flujos de capitales, fundamentalmente inversiones de portafolio. Aunque India no está cerca de experimentar una crisis de balanza de pagos, esa argumentación ignora la restricción impuesta por la demanda externa. No hay garantías de que la fortaleza de la exportación de servicios pueda ser sostenida indefinidamente y generar las divisas suficientes para financiar los déficit crecientes. El principal destino de las exportaciones de servicios indios y la principal fuente de remesas –desde mediados de los años ’90– han sido Estados Unidos y Europa. La lenta recuperación de Estados Unidos, la recesión en Europa en el escenario de la crisis del euro y la posibilidad de leyes de inmigración más duras en Europa tienen el potencial para afectar las exportaciones de servicios de India y las remesas que ingresan al país. Incluso el potencial para incrementar los ingresos provenientes del Medio Oriente, otra fuente importante de remesas indias, se ha reducido con la desaceleración del boom del petróleo en esos países y el amesetamiento de la diáspora india en esa región. Además, los flujos de capitales de corto plazo aprecian el tipo de cambio real y profundizan el déficit comercial y en cuenta corriente. La persistencia de los grandes déficit puede reducir la confianza de los inversores y resultar en una reversión de los flujos y ataques especulativos sobre la moneda local.

Lo que necesita la economía india son políticas activas que estén direccionadas a acelerar el crecimiento y la expansión de la industria y la agricultura. Para eso se requiere más inversión en programas de investigación y desarrollo (I+D) a través de alianzas público-privadas, políticas de crédito que faciliten la renovación de las viejas e ineficientes maquinarias, el establecimiento de más instituciones financieras para el desarrollo y subsidios a empresas por invertir en I+D. La inversión pública, las políticas educativas, los programas de ayuda vocacional deben estar direccionadas a incrementar la capacitación laboral y la cantidad de empleos bien pagados y de alta productividad que permitan reducir la necesidad de importaciones así como la dependencia en la exportación de servicios, remesas y los inestables flujos de capitales.

También se requieren iniciativas para la creación de empleos, más integrales a través del desarrollo de infraestructura y programas de desarrollo rural. La estrategia de desarrollo de India tiene que ser una que promueva el crecimiento del mercado doméstico con el objetivo de mejorar el estándar de vida de la población sin chocar con la restricción externa. La estrategia de desarrollo de India no debe buscar solamente integrarse con los mercados globales mediante la dependencia en la exportación de servicios con bajos salarios que explota a sus trabajadores para beneficiar a los consumidores globales.

* Doctora en Economía. Frederick S. Pardee Center for the Study of the Longer-Range Future.

lunes, 3 de septiembre de 2012

Ampliación e inclusión - Votar a los 16

Daniel Gonzalez Almandoz - http://www.prensamercosur.com.ar/apm/nota_completa.php?idnota=5655 

16El impulso dado desde espacios del kirchnerismo, en especial por el senador nacional Aníbal Fernández -autor del proyecto- a la posibilidad que adolescentes de entre 16 y 18 años adquieran el derecho de emitir su voto, fue parte de la agenda pública de la última semana.
A favor y en contra de la iniciativa se sumaron voces en un debate que, por momentos, mezcló, como gustan decir los contadores, peras con manzanas.
Mientras quienes apoyan esta propuesta avanzaron en sostener la importancia cívica de esta medida, sus detractores la redujeron a un oportunismo del gobierno, como si una iniciativa tan compleja tuviese una linealidad directa con la emisión directa del voto. Este oportunismo, que con un amplio grado de posibilidad está presente, se constituye sin embargo como una insuficiencia analítica: pensar que porque impulsan una ley todos los jóvenes van a votar al oficialismo, es como suponer que por los avances del radicalismo yrigoyenista toda la clase media y las anti-oligarquías votan a la UCR; o que todas las mujeres votan al justicialismo porque en su gestión se aprobó el derecho al voto femenino.
Más allá de las motivaciones coyunturales, la posibilidad de que este segmento juvenil pueda elegir autoridades es un emergente inevitable del cambio de época que atraviesa el mundo, y de manera particular, América Latina.
Los cambios en las matrices socio culturales de la región implicaron un fuerte retorno a la participación de jóvenes. Esta situación aún dista de ser algo generalizado pero representa una sustancial transformación de la situación dominante a fines del siglo pasado y los inicios del nuevo milenio. Se evidencia en diferentes instancias que, con distinto grado de institucionalidad, la juventud pretende discutir la cosa pública, por lo general a través de dispositivos impulsados por los consejos juveniles, e incorporan cada vez más campos de presencia.
Resulta interesante para entender, sobre todo parte de las insuficiencias señaladas por lo detractores de la idea, cómo la mayoría de los partidos políticos se expresan, aunque no siempre materialicen, a favor de la renovación en las instituciones.
Un claro ejemplo de esto lo constituye la senadora nacional por Mendoza Laura Montero (UCR), que en el marco de su campaña de promoción a favor de la reforma política -previo a la puesta en primer plan de la posibilidad de voto juvenil-, afirmó, de acuerdo a lo que reprodujo el portal www.parlamentario.com que “lo que proponemos es el cupo de jóvenes, que haya una mayor representación de los jóvenes. Esto es sumamente importante, porque lamentablemente para muchos la política ha sido algo secundario y suelen ver al sistema político como algo extraño, ajeno a la vida cotidiana. Nosotros debemos despertar en los jóvenes el interés por la política, incorporarlos desde su visión y hacerlos parte del sistema de los partidos políticos y de la política en general. Esto permitirá incorporar a nuestros jóvenes a la vida política y traer aires nuevos a los partidos políticos”.
Pero Montero, una de las espadas del ex vicepresidente Julio Cobos, no es una expresión aislada. La senadora nacional por Salta, Sonia Escudero -Bloque justicialista 8 de octubre-, presentó un proyecto en un sentido similar. Como indicó el sitio web de Qué pasa Salta, la iniciativa “plantea una modificación en el artículo 60 del Código Nacional Electoral, estableciendo que ‘Las listas que se presenten para los cargos a Diputados Nacionales deberán estar integradas por jóvenes de ambos sexos de hasta cuarenta años de edad cumplidos a la fecha de la elección en una proporción no menor al 30 por ciento de los cargos a elegir y garantizando que al menos uno de cada tres candidatos pertenezcan a esa franja etaria".
Entre sus argumentos, la legisladora salteña sostiene que “mientras la edad promedio de los argentinos es de 32,5 años, la edad promedio de la actual composición de la Cámara de Diputados es de 52 años”.
De estos impulsos dados por las dos fuerzas políticas mayoritarias en cuanto a su representación parlamentaria surgen dos preguntas iniciales: ¿cómo construir jóvenes comprometidos de manera cívica para ocupar, desde los 25 años, diversos roles y responsabilidades estatales a las cuales lleguen como resultado de voluntades populares y no como imposiciones partidocráticas que garantizan la reproducción del sistema dominante y, por lo mismo, no son renovación? Y por otro lado, ¿qué mejor forma que lograr esto que, más allá de los esfuerzos educativos a los cuales no hay que renunciar, darle forma concreta en un sentido de derechos y obligaciones, a la toma de responsabilidad en elegir, de manera involucrada, a los responsables de debatir y decidir sobre la cosa pública?.
¿Hay diferencia de conciencia cívica entre un joven de 17 años y uno de 18, e incluso de 20? ¿El establecimiento de este derecho, no obliga acaso a la necesaria y tan mentada renovación de todos los partidos políticos? ¿No implica esto la asunción de una política de Estado seria y compartida para pensar las estructuras representativas a futuro en un marco de pluralismo y diversidad en serio?
Cuando las respuestas se ejecutan desde marcos de seriedad y responsabilidad transformadora, la tendencia conduce a afirmar que la baja de la edad para el ejercicio del derecho político del voto es positiva. Cuando las mismas se elucubran desde una resistencia por la resistencia misma, o por la negativa al cambio, aparecen objeciones con un liviano tono de solidez. Y abre disputas al interior de esos sectores, que en general representan a espacios anquilosados que incluso en sus propios partidos han practicado el ostracismo juvenil.
Para tomar un ejemplo, en un comunicado de prensa, difundido por Clarín, las autoridades nacionales de la UCR rechazaron la propuesta ya que “sólo es "el intento de una maniobra electoral" que procura utilizar a este segmento de la población. No se aprecia un estudio serio y profundo en esta propuesta, sólo se observa el intento de una maniobra electoral, que tiene como objetivo, la utilización de este segmento de posibles votantes".
Sin embargo, los segmentos juveniles del centenario partido no comparten esa mirada. Como difundió el diario UNO de Entre Ríos, Emiliano Wollenberg, secretario general de la agrupación Franja Morada -brazo universitario del radicalismo-, y miembro de la Juventud Radical de Paraná, se expresó de acuerdo con el voto optativo desde los 16 años y sostuvo: “Siempre proponemos la participación juvenil, incluso eso está contemplado en la carta orgánica del partido”. El dirigente señaló que “no es esta una cuestión de edad, pues entre los mayores de 18 años hay mucha gente que tampoco está preparada para saber qué significa un voto y cuál es la responsabilidad”.
En la misma línea se expresó la juventud del socialismo enterriano. La agencia APF publicó: “El responsable provincial de la juventud del Socialismo entrerriano, Juan Manuel Rossi, aseguró: `Estamos de acuerdo con todo lo que tiene que ver con la ampliación de derechos`, y `más allá del kirchnerismo, desde el 2003 hay una gran cantidad de jóvenes que se volcaron a participar en política. La participación forma parte de la política`”.
En esa publicación Rossi estableció que “no hay que esperar para aprender”, y echó por tierra el argumento contrario a la iniciativa que habla de la "desinformación” de los jóvenes.