En las últimas semanas hemos visto una serie de movimientos especulativos por parte de ciertas fracciones del capital concentrado agroexportador que ante una inminente suba del dólar en un contexto de devaluación progresiva, decidieron no liquidar su producción para de esta forma presionar al Estado a que tome medidas devaluatorias más bruscas y quedarse con una gran tajada de recursos económicos indispensables para el normal funcionamiento estatal.
El Estado, frente a esta situación, decidió llevar adelante la devaluación de nuestra moneda, lo que llevó, por un lado, a que estos sectores económicos decidieran especular aún más con sus exportaciones, y por otro lado a que grandes corporaciones decidieran aumentar injustificadamente algunos productos que son de origen 100 % nacional (digo esto ya que tanto insumos, como costos laborales y fletes no se ajustan vía dólar) y a generar una gran incertidumbre en la sociedad argentina que ve perder el poder adquisitivo ganado en estos últimos 10 años.
Desde estas páginas hemos planteado la necesidad de traer a nuestros días un antecedente directo de un sistema de comercialización y venta al exterior de nuestra producción interna en donde el Estado era el garante de la defensa de los intereses de los pequeños productores y de la clase trabajadora frente a los monopolios cerealeros del momento. Este se llamó IAPI (Instituto argentino de promoción del intercambio) creado mediante el Decreto 15.350 del 28 de mayo de 1946, bajo la órbita del Banco Central.
El gobierno peronista que había llegado al poder en 1946 con el apoyo de las grandes masas populares se caracterizaba principalmente por su alta dosis de intervencionismo estatal en el ámbito económico con el objeto de lograr un decidido desarrollo económico nacional afincado en la industrialización de nuestra matriz productiva.
En este sentido, el IAPI desarrollaba funciones de promoción y fomento en tanto determinaba qué actividades productivas eran prioritarias y, en consecuencia, debían recibir un tratamiento especial como, por ejemplo, el otorgamiento de créditos sin obligación de devolución. El IAPI también cumplía una función de abastecimiento de algunos bienes en los mercados extranjeros al ocuparse de importarlos y distribuirlos en el mercado interno. Por otra parte, también subsidiaba la producción de ciertos bienes de consumo masivo con el fin de mantener el nivel del salario real.
También tenía como funciones centrales la venta de los productos argentinos en el mercado internacional al mejor precio. Esto lo garantizaba comprando la producción directamente al pequeño productor colocando un precio sostén que fuese acorde a los beneficios de éstos, eliminando a los grandes acopiadores y dejando un margen de rentabilidad que les permitiese generar una reinversión productiva, para luego colocarla en el mercado internacional. Con lo cual el Estado se quedaba con esta renta diferencial de la tierra, otrora en manos de los monopolios cerealeros de la época, garantizando de esta manera una mejor distribución del ingreso nacional.
Por otra parte, el IAPI llevó a cabo actividades financieras, utilizando los recursos provenientes de las exportaciones para adquirir los servicios públicos que estaban en manos de empresas extranjeras y expandir el perfil productivo de las empresas estatales. Parte de esos recursos también se destinaron a servicios de bienestar social (salud, educación, etc.). Simultáneamente, se otorgó financiamiento a instituciones privadas o mixtas.
Este organismo se complementaba con distintas nacionalizaciones llevadas adelante durante este periodo, con el cual convergían en la defensa del interés nacional. La nacionalización del Banco Central que otorgaría crédito barato para la producción, los ferrocarriles que garantizaban la posibilidad de trasladar la mercancía en forma barata, la creación e incremento de una flota mercante de bandera nacional para trasladar nuestros productos al exterior y la nacionalización de los seguros de trasporte y reaseguros de la producción trasladada, son muestras de ello.
Algunos datos esclarecedores
De 1936 a 1939, las cuatro firmas monopólicas, sobre un total de 44,5 millones de toneladas de granos exportados, habían comercializado 36,8 millones, o sea, el 82,5 %. Pero aunque la estadística indica que otras 36 firmas exportaron el restante 17,5 %, cabe observar que muchas de éstas, eran en realidad simples testaferros de los cuatro grandes exportadores. De ahí que pueda afirmarse sin riesgo de error, que el 90 % de todo lo exportado por el país en ese período corría a cargo de Bunge y Born, Louis Dreyfus y Cía., La Plata Cereal y Luis De Ridder Ltda.
La proporción en que los famosos monopolios cerealistas participan en el comercio interno argentino en 1939 bajaba del 82,5 % de esa época al 39,4 % en 1954. A su vez, en la comercialización interna, las cooperativas llegaban al 50 % en el tráfico comercial. Dichas entidades, que reflejaban la política positiva del Estado a su respecto, experimentaron una gran mejora. En 1949 el número de entidades llegaba a 258, en 1954, a 696. Los asociados pasaban en el primer año citado de 85.000 a 223.754 en 1954.
En la actualidad, por mencionar solo un ejemplo, un puñado de empresas (Cargill, Dreyfus, Nidera, ADM, Bunge, entre otras) controla el 80% de la comercialización de soja en la Argentina. Pues cualquier similitud con tiempos pasados no es pura casualidad.
De esta forma, no seria muy alocado pensar en la posibilidad de creación de un organismo que actuara en forma similar al IAPI. Pues países como Canada y Australia cuentan desde hace años con organismos que representan una clara regulación por parte del Estado en el comercio exterior. El caso del Canadian Wheat Board (CWB) en el primer caso y la Australian Wheat Board Limited (AWB) en el segundo, representan una clara intervención estatal en el mercado del trigo, ya que se obliga a los productores a vender sus cosechas a esos organismos. Sin embargo, es necesario hacer una salvedad: el Estado obliga a los productores a formar parte de las wheat boards (la traducción literal sería algo así como "juntas de trigo"). Luego, los agricultores están obligados a vender su producción a dichas juntas. El resultado es mejores condiciones de venta. Sin embargo, el Estado no interviene sobre las exportaciones con cupos u otras medidas de ese tipo.
Nuestra rica historia nacional nos señala distintas herramientas llevadas adelante desde el Estado para garantizar la soberanía alimentaria y el desenvolvimiento necesario para lograr un desarrollo económico nacional armónico a las necesidades del pueblo argentino. Es solo cuestión de tomarlas o desecharlas en función de los intereses que se quiera representar.
FUENTES
RAMOS, Jorge Abelardo, Revolución y Contrarrevolución en la Argentina, La era del peronismo, Ed. Senado de la Nación, 2º ed, Bs. As., 2004, p. 136-138.
"Los señores de la soja quieren terminar con Cristina", Revista Integración Nacional
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