Gente capaz de realizar análisis complejos, o que ha tenido
una formación más rica que la de los manuales de neoliberalismo periférico,
parece creer que los lineamientos de política económica que presenta el
gobierno rezuman sabiduría, prudencia y sentido común.
Así, el analista Eduardo Fidanza, en el diario oficialista
La Nación, en su artículo Desacoples que pueden ser trágicos del 16
de diciembre, sostiene que “… es legítimo e imperioso reducir el gasto público,
pero también es legítimo preservar a los más vulnerables, a quienes la
Constitución les asegura una serie de derechos y condiciones usualmente
incumplidos”.
Da por sentado, como toda persona “que comprende la
situación”, que lo que hay que hacer en el país es bajar el gasto público. Pero
lo dice sin mencionar que se trata de un gobierno que:
1) Está haciendo todo lo posible para reducir los ingresos
públicos, con quitas y recortes impositivos permanentes y otros que aún vendrán
a los sectores de mayores ingresos, y
2) Está acelerando el endeudamiento público y por lo tanto
las erogaciones fiscales relativas al pago de intereses de deuda externa y
local. En noviembre, por ejemplo, se pagaron el doble de intereses que en el
mismo mes del año 2016.
El mantra es repetido y enseñado a la población. La “oposición
amiga” del gobierno, como José Luis Espert y otros economistas semejantes,
denuncia al gobierno por “no bajar el déficit ni la inflación”. Ambos, el
macrismo y sus críticos neoliberales, plantean como una meta fundamental la
reducción presupuestaria y la de la inflación. La discrepancia estaría en las
medidas para lograrla.
Se instala así una agenda neoliberal de una pobreza extrema.
No existe en ese mundo la expresión equidad social, no existe la
palabra desarrollo, ni tampoco ciencia y tecnología. Menos
aún las palabras inversión productiva y riesgo empresario.
Desde que llegó Cambiemos, la inflación superó el 40% en su
primer año, está llegando al 24% en 2017 —aunque ya hay destacados
especialistas que están poniendo en duda la fiabilidad de las cifras del INDEC
macrista—, y el sector privado no espera menos de 20% de inflación para 2018.
Con el tema del déficit del sector público ocurre algo
similar: no lo bajaron, sino que lo subieron.
Para comprender estos aparentes “tropiezos”, donde no parece
lograrse los objetivos “que desvelan al gobierno”, el análisis de la política
económica debe realizarse desde una perspectiva completamente distinta.
Para entender la política macrista, heredera genuina de las
metas del Proceso de Reorganización Nacional y del menemismo, es fundamental
distinguir entre el discurso de las autoridades y la práctica concreta de la
política económica.
No por casualidad, ha sido la inflación —“el flagelo”— el
caballito de batalla tanto de la dictadura cívico-militar como del neoliberalismo
noventista. En la dictadura, mientras ficticiamente se combatía a la inflación,
se introducían los cambios de fondo que los sectores dominantes reclamaban. Se
endeudó a las empresas públicas y al Estado nacional, se abrió masivamente la
economía a las importaciones, se atrasó el tipo de cambio… para “combatir a la
inflación”. El fracaso antiinflacionario fue total, pero “mientras tanto” se
reestructuró la industria, se debilitó al tejido productivo, se preparó a las
empresas públicas para la segunda etapa, o sea la privatización, y se endeudó
al Estado al punto de volverlo impotente para conducir la economía como lo
había hecho desde los años ´40.
Con el menemismo, en cambio, se logró “abatir el flagelo
inflacionario”, abriendo plenamente la economía, atacando violentamente el
tejido industrial, generando un ejército de desocupados y marginados de toda
actividad remunerada, al tiempo que se promovía la extranjerización de la
economía. La elite social aprovechaba la “libertad” cambiaria para fugar miles
de millones de la economía nacional. Se simuló una estabilidad que incubaba el
estallido de la deuda y del país.
Hoy se escenifica nuevamente la lucha contra el “flagelo”.
El instrumento central del gobierno para tal combate son… las LEBACs, letras que
emite el gobierno para absorber dinero de la plaza y evitar así las “presiones
inflacionarias”. Demás está decir que el diagnóstico de que la inflación es un
fenómeno estrictamente monetario está archirefutado tanto en la práctica como
en la buena teoría económica, cosa que en nuestro país carece de importancia.
Lo importante de todo este asunto es la altísima tasa de
interés que el Banco Central le paga al capital financiero local y externo. El
“combate antiinflacionario” del gobierno macrista constituye un extraordinario
negocio para los financistas privados: el Estado Nacional les paga actualmente
800 millones de pesos por día, gracias a una tasa implícita en dólares
inconseguible en el resto del mundo.
Además, la persistencia del “flagelo” resulta un buen
mecanismo para ir bajando el salario real en la Argentina. Gente similar a la
del actual elenco económico hizo en los ´90 la experiencia de tratar de bajar
el salario real en un contexto de inflación cero. En vez de bajar el salario,
logró llevar el desempleo al 18% y otro tanto el subempleo. Pero aprendieron:
el salario, como lo demostró el gobierno de Duhalde, se baja con inflación. Si
hay desempleo alto, mejor, se lo baja más rápido. El keynesianismo kirchnerista
revirtió en buena medida esa situación. Hasta que se “logre” nuevamente una
tasa de desempleo mayor, bien vale ir bajando el salario con inflación y techos
en las paritarias. Eso se jugará en el año 2018.
En el tema del déficit fiscal, se le presenta a la sociedad
un falso dilema: o se realiza un cruento ajuste, con millones de desempleados,
miseria y sufrimiento, o se hace un “ajuste gradual”, porque este gobierno es
humano y quiere hacer de a poco los cambios “necesarios”. En realidad no hay
demasiada gente para despedir, ya que el grueso del gasto público remunera a
agentes del Estado muy necesarios: maestros, médicos, enfermeras, policías,
militares, administrativos, a los que se agrega lo que se le paga a jubilados,
pensionados, AUH, etc. Esos ingresos pueden ser licuados con inflación (¡el
flagelo continúa!) y paritarias miserables.
El Súper Ajuste que agitan los “extremistas” es imposible de
realizar porque colapsaría el funcionamiento del Estado y se entraría en un
violento clima de conmoción social. Pero además este gobierno no contó con la
inmejorable situación de partida del menemismo, que nació del colapso
hiperinflacionario del gobierno de Alfonsín. Esa catástrofe le permitió contar
al neoliberalismo noventista con un cheque en blanco de la sociedad que duró un
buen tiempo.
No es el caso del actual gobierno, que reemplazó a una
gestión que no había sido percibida como un fracaso económico por la mayoría de
la sociedad. Por eso, actualmente se inviertan ingentes recursos publicitarios
y comunicacionales en construir esa realidad ficcional.
La amenaza del Súper Ajuste cumple la función discursiva de
amedrentar a la población y presentar al macrismo como un proyecto moderado.
Martínez de Hoz, que hacía política económica en serio, siempre procuró
mantener un discurso “prudente” y “razonable”, dejando el ideologismo
estentóreo a Álvaro Alsogaray.
Pero además, y lo que es más importante, el mantener una
elevado déficit fiscal en 2017 “por razones humanitarias”, lo “obliga” al
gobierno a endeudar a toda velocidad al país. “Como no contamos con recursos, y
no queremos echar a un millón de personas a la calle, no nos queda más remedio
que tomar deuda”. Otro negoción formidable para el capital financiero
internacional: ¿qué otro país en el planeta paga tasas del 7/8% anual en
dólares?
Visto de esta forma, no hay que tomarse muy en serio el
debate “técnico” por el déficit fiscal y por la persistencia del “flagelo”. Es
que precisamente esos son los verdaderos instrumentos de política económica
para lograr otras metas políticamente inconfesables: la caída del salario y el
reendeudamiento de la Argentina.
La caída salarial es la única ocurrencia de un empresariado
concentrado que no está dispuesto a invertir en serio para incrementar su
rentabilidad.
En cuanto a la deuda, además del negocio que representa, es
la forma que tiene la derecha argentina de crear hechos consumados que traben
la posibilidad de acción económica autónoma por parte de un eventual gobierno
pos-neoliberal. Y de reforzar los lazos de dependencia externa.
La respuesta al falso dilema del Súper Ajuste versus el
Súper Endeudamiento “Humanitario” es sencilla. Si quieren eliminar el déficit
fiscal —sin dañar a la población, ni destruir al Estado—, cobren en serio los
impuestos existentes e impongan otros tributos a las grandes rentas hoy
desgravadas.
Pero eso sería confundirse severamente sobre la naturaleza y
el propósito de este gobierno.
No se están discutiendo soluciones técnicas, sino
preferencias políticas y de clase.
*Ricardo Aronskind es economista y magister en Relaciones
Internacionales, investigador docente en la Universidad Nacional de General
Sarmiento.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario